Los desplazados olvidados

En la ciudad de Neiva se llevó a cabo el taller de Periodismo y Desplazamiento Forzado, organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Asociación de Periodistas del Huila, ASPEHU, quienes se encargaron de desarrollar una jornada que puso en conocimiento la realidad colombiana en relación a esta problemática social y el aporte periodístico a la misma.

Con periodistas de diferentes puntos de la región y la capital huilense, se dio inicio al encuentro. Gustavo Valdivieso, Oficial de Información Pública del ACNUR, en compañía de Johan Sebastián Díaz de la oficina regional, se encargaron de exponer el ejercicio que consistía en desarrollar a fondo el tema sobre los desplazados.

Un video expuso la opinión de varios periodistas del Huila, en relación al tratamiento periodístico y víctimas del desplazamiento forzado, así arrancaron las primeras reflexiones.

Valdivieso expuso el trabajo adelantado por la organización que representa, reconociendo el apoyo y prevención frente a estos sucesos atribuidos a los diferentes grupos alzados en armas, quienes durante años han generado zozobra a comunidades del área rural.

La Ley 387 establece que, “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

Ya se ha identificado que algunas personas al verse en situación de pobreza, aprovechan para incluirse como desplazados, saturando de esta manera las solicitudes, y perjudicando a las familias que verdaderamente requieren de la emergencia. Volviendo de esa forma rigurosos y extensos los trámites, siendo eso un problema adicional para los afectados, quienes a la mínima falla en registro, se detiene el procedimiento.

Complicada situación

Según cifras del gobierno en la actualidad, son 3.486.305 colombianos registrados como desplazados, que han llegado a las ciudades a sufrir las peores humillaciones y estigmatización.

Pero otras organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, tienen cifras desde 1985 que se aproximan a los 5 millones; su base de datos le lleva doce años a la del Gobierno, que sólo a partir del 2007 comenzó a tener registro; además de que estas organizaciones incluyen a las personas que son desplazadas por fumigaciones, que se aproxima a 15.000. De ahí que sus listas sean más extensas.

Aunque son varios los programas de apoyo que el gobierno genera para los afectados, parece que estos no pasan de ser políticas negligentes frente a este flagelo de nunca acabar. Llegan como desplazados y tienen que esperar otros cuantos años para recibir ayuda del Estado, que ha diseñado un mecanismo que dilata el proceso de ayuda para estas familias que aprenden a luchar en las peores condiciones humanas, luego de perder todo en sus lugares de origen.

El drástico cambio cultural, los traumas sicológicos que conlleva, la pérdida de seres queridos, el poco apoyo gubernamental, las pocas garantías de retorno, la fragmentación familiar, y el cambio de rol, son apenas algunas las etapas que marcan a los miles de colombianos en esta situación.

En el extranjero

En el 2008, 25.430 colombianos, fuera de las cifras de desplazados, pidieron asilo a 34 países, siendo Ecuador, Canadá, Venezuela, Estados Unidos, Chile, España, Panamá, Costa Rica y Argentina, como los más solicitados en ese año.

Aunque el ACNUR no maneja cifras propias, en documento de CODHES, citan a esta organización analizando que hasta el 2008 el total personas con necesidades de protección internacional y temporal, ascendía a los 374.000, ubicando con esta cifra a Colombia como el quinto país de donde provienen la mayor cantidad de refugiados. Aunque en la fecha los Oficiales de la organización vean a Sudan y Colombia, como los temas más complejos.

Huila y el desplazamiento

Años atrás el Departamento del Huila estaba ubicado en el puesto número 20 en la escala departamental, siendo este uno de los menos afectados por desplazamiento, sin embargo, “en el Huila la situación ha venido empeorando en los últimos años, por eso se hacia más urgente hacer presencia acá” afirmó Valdivieso oficial ACNUR.

En la actualidad, son cerca de 80 mil personas que ingresaron al departamento por desplazamiento forzado según cifras de Acción Social para el 2009, además de la expulsión de 60 mil personas de la región hasta el mismo año.

De los departamentos de donde proviene la mayor cantidad de personas, son Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca, donde hasta comunidades indígenas como los Nasa, se han desplazado en busca de las acciones del Estado.

Pero parece que la situación para algunas personas es más complicada, ya que al no recibir ayuda en un lugar, siguen su camino de municipio en municipio, hasta que terminan llegando a Bogotá, a esto agregó el oficial del ACNUR Johan Sebastián Díaz “ el análisis que se presenta es que las personas además de ser víctimas de un delito de lesa humanidad como es el desplazamiento, que genera la perdida de costumbres para las comunidades indígenas ligadas al territorio, y exterminio total de la cultura, hacen que lleguen a municipios como Neiva y como no hay respuesta, le toca volverse a mover con recursos propios hacia otra ciudad. Entonces la capacidad de la institucionalidad para responder a un drama de estos es muy limitada”, afirmó.

Qué pasa con Neiva

En el caso de Neiva se identifica que para el 2009 fueron 36.180 personas registradas por Acción Social en ingreso a la ciudad, y en situación de expulsión 6.506 las que abandonaron la capital del Huila; demostrando con esto la difícil situación en la que está inmersa la ciudad.

“El Gobierno no tiene por qué decir que la población desplazada en Colombia lo tiene todo, porque eso es una gran mentira” comentaba una mujer que fue desplazada con su familia hace ocho años, una líder comunitaria que logró superar los obstáculos, y ahora está al servicio de esta comunidad tan necesitada, a ella la llamaremos ‘Marta Canisales’, quien aún espera su turno en atención en las largas listas del Gobierno.

Marta fue desplazada del Caquetá con su familia; cuando llegaron a la ciudad su situación no fue la mejor, ya que les tocó encontrarse con el poco apoyo por parte del Gobierno, la falta de vivienda, alimento, trabajo; estigma. “Eso es una marca que no se la puede quitar usted, yo nunca digo que soy desplazada ni nada, pero un tiene un trabajito o algo, que a mí me pasó una vez, que dijeron: pero es que ella es desplazada, y de pronto es guerrillera, de pronto es informante, eso es terrible; a mi esposo le dieron un trabajo en una empresa industrial y allá llegaron y dijeron que él era desplazado y para afuera, porque de pronto usted – le dijeron- trae aquí una bomba o algo. Eso es muy verraco”, enfatizaba Canisales.

Ahora no se lucha solo contra la violencia, también está la lucha contra el hambre, la miseria, el abandono, las pocas oportunidades, las falta de un hogar digno, ese que tenían y donde vivían en armonía, sin pensar que tendrían que lidiar con la realidad estatal. “Nada, no nos dieron absolutamente nada, aquí llegamos y nos pidieron las escrituras, pero cómo si uno sale y del susto no se acuerda qué es lo que dejó” comentó.

A diferencia de otras personas en esta misma situación, en el caso de Canisales fue desplazada por las mismas fuerzas del Estado, quienes según ella registraron a todos los que iban saliendo de la zona. “Ellos estaban pendientes y a cada uno le tomaban fotos de frente, de perfil e igualmente su nombre con cédula en mano, entonces era difícil retornar porque si no era por el uno era por el otro lado”, indicó en relación a los demás grupos que se encontraban en la zona.

La personería municipal identifica que la ciudad en los últimos cinco años se ha convertido en una de las más receptoras del sur del país y, debido a esta situación han diseñado estrategias para atenderlos de manera integral, asesorarlos y acompañarlos personalmente al acceso a las garantías que el Estado, tiene establecidas para la protección y estabilización de esta población.

“Hemos encontrado que el primer requerimiento es el tema de prorrogas, que está vinculado a la situación económica y de subsistencia para cada uno de ellos; en segundo lugar, el acceso a salud, ya que están afiliados a otros municipios; su situación en sí es bastante compleja, lo que hace que tengan mucha dificultad para estabilizarse en una ciudad nueva, y que tengan generalmente que ir a sitios de invasión, a las zonas más difíciles de la ciudad. Esto hace, que difícilmente logren estabilizarse a largo plazo, que puedan mejorar su situación económica y, por supuesto, que pasen muchas necesidades” afirmó Lina María Guarnizo, Personera Municipal.

Hasta la fecha no hay garantías para regresar a sus tierras, no hay garantías para volver a sus prácticas, no hay garantías de sentirse libres, de recibir el aire fresco del campo, de compartir entre amigos y vecinos.

ACNUR llega a la ciudad, un nuevo organismo externo al Gobierno viene a colaborarle a las comunidades afectadas, quienes parece recibir un apoyo más inmediato por estas organizaciones humanitarias, quienes tienen los ojos puestos en la realidad colombiana, esa que muchos intentan apreciar con los ojos vendados, sin darse cuenta del trasfondo del problema, ese que tiene a muchos desplazados olvidados en medio del conflicto.